La deuda externa de los países más pobres del planeta es un obstáculo determinante para que estos pueblos puedan salir de su situación de subdesarrollo y permanente vulnerabilidad. Esta deuda fue contraída inicialmente por gobiernos y regímenes corruptos y dictatoriales para beneficio propio y de las capas más pudientes de esas sociedades. En este proceso de endeudamiento, los poderosos bancos y gobiernos del Norte tuvieron un papel proactivo, al tener un interés circunstancial en obtener unos elevados beneficios de su amplia disponibilidad de fondos prestables, pese al elevado riesgo que existía en esas operaciones.
Cuando aparecieron los primeros problemas de impagos, la banca traspasó el problema a los gobiernos occidentales y organismos financieros internacionales, agravando con ello la situación de los países deudores y cercenando las posibilidades de solución para éstos.
La dinámica de conceder nuevos préstamos para poder pagar los antiguos ha conducido a una situación de insostenibilidad. Por ello, hoy en día la deuda es impagable. No obstante, los países del Sur han pagado y continúan pagando cantidades importantes y crecientes de dólares a los países del Norte. De hecho, durante toda la década de los ochenta, el Norte recibió transferencias financieras netas del Sur, pese a la pobreza creciente de estos países. Hoy en día, los pagos por la deuda externa suponen cuatro veces la ayuda oficial al desarrollo que se envía del Norte al Sur. Estos pagos crecientes se realizan a costa de reducir el gasto público en bienes y servicios básicos para la población más pobre del planeta. Se estima que si se condonara la deuda externa a los países más pobres, cerca de 21 millones de niños y niñas salvarían sus vidas.
La población más pobre y marginal del planeta no tuvo nada que ver o decir en los préstamos contraídos; no se benefició de ellos, pero sufre las consecuencias de su devolución. Por lo tanto, no resulta muy aventurado afirmar que, pese a que el pago de la deuda responda al derecho de propiedad, sin embargo vulnera claramente el derecho a la libertad y a la vida, y coloca barreras infranqueables al desarrollo de una existencia digna. Su condonación es una cuestión de justicia social, lo mismo que la esencia del problema es una cuestión puramente política, y no económica o financiera, como se nos quiere hacer entender desde los gobiernos y bancos del Norte (el volumen total de la deuda equivale a lo que gastaron los británicos en chocolate durante 1996).
Como dice Susan George, "la deuda está en el nexo de una reconfiguración estratégica y mundial del poder". En realidad, la deuda no es un problema en sí mismo, sino que actúa como simple catalizador que descubre las barbaridades del sistema económico y político internacional. Nosotros tenemos un doble derecho, como ciudadanos y como clientes, de pedir a nuestros gobiernos y bancos que condonen en nuestro nombre esa deuda a los más pobres; tenemos el deber moral de pedir vivamente, que se adopte esta medida como restitución del derecho que asiste a toda persona a poder vivir dignamente y desarrollarse en plenitud.
