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Cuando a mediados de febrero pasado comprobamos las amplias y espontáneas movilizaciones de miles de ciudadanos kurdos, exiliaados en distintos países europeos, los autores de este artículo pensamos que, al menos, tales movilizaciones, incluidos los trágicos actos irreflexivos y desesperados de autoinmolaciones y atentados suicidas, posibilitarían que el secuestrado líder kurdo Abdullah Oçalan tuviese un proceso y juicio con todas las garantías, y que su cautiverio se ajustaría a reglas de calidad democrática, con ausencia de todo tipo de tortura, física o psíquica, y sin imposición de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Ni por asomo imaginamos que ocurriría lo que hemos conocido. Por ello, el presente artículo trata, a modo de crónica, de recordar e informar sobre cómo el juicio, ayer iniciado contra Ocalan, viene precedido de unos siniestros antecedentes que presagian para él un trágico y cruel final. En efecto desde el pasado 15 de febrero, el líder kurdo Abdullah Oçalan fue secuestrado en Kenya por un comando especial de militares turcos, con el apoyo logístico de los servicios secretos de Israel y de Estados Unidos de Norteamérica, comenzó, sin la más mínima garantía para el secuestrado-detenido, un proceso de investigación propio de las más brutales dictaduras militares.
Se grabaron en vídeo los interrogatorios durante el vuelo, emitiéndose grabaciones seleccionadas en las que Oçalan, evidentemente narcotizado, balbuceaba: "soy turco, amo a Turquía", en un claro intento de presentarlo como un renegado de su identidad. Se le trasladó a la Isla-Prisión de lmrali, declarada zona militar, permaneciendo durante diez días en un inhumano régimen de aislamiento total, sin asistencia de abogado, sin ser presentado a juez alguno, y siendo objeto de interrogatorios continuados por parte de agentes secretos, personal militar del Departamento Especial de Guerra y de fiscales de plena confianza de las autoridades militares que, no sólo colaboraron con seráfica sumisión en estos interrogatorios, sino que filtraron a los medios de comunicación datos de la indagación sumarial, con el fin de crear en la opinión turca una imagen deformada de Oçalan.
Por vez primera, el 25 de febrero, sus abogados pudieron asistirle durante sólo media hora, en una entrevista a presencia de dos agentes especiales encapuchados y con uniforme militar, a los que requirieron para abandonar el lugar, lo que no hicieron, alegando recibir órdenes de superiores militares. Ni siquiera la sorprendente presencia en el transcurso de este incidente de un juez del Distrito de Mudanya consiguió que la entrevista fuera reservada: sólo se logró que los agentes se quitaran las capuchas y visitaran como personal civil de prisiones.
Las posteriores entrevistas, de media hora y una hora, han sido siempre controladas por oficiales militares, vulnerándose hasta cotas extremas el derecho de defensa, pues a esa falta de reserva debe añadirse la imposibilidad de pasar a Oçalan notas escritas o proporcionarle documentos o informes para afrontar la defensa. La situación de total aislamiento y la administración de narcóticos han dañado gravemente su salud, al punto de ser sometido a dos chequeos médicos diarios, tras el ataque al corazón sufrido el 9 de abril, pese a su gran fortaleza física que contradice la propaganda oficial que lo presenta como un drogadicto afectado por el síndrome de abstinencia.
No parece difícil sostener, tanto desde una óptica humanitaria como jurídica, que Abdullah Oçalan ha sido sometido, y continúa siéndolo, a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, con violación del artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del artículo 3 del Convenio Europeo de 1950, del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1966, así como del Convenio Internacional contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de 1984, lo que pone de relieve, una vez más, la sistemática violación de los derechos humanos practicada por el régimen turco.
Pero las violaciones de derechos no se han agotado en Ocalan: todo su equipo de abogados defensores ha sido objeto de presiones, amenazas e impedimentos al ejercicio del derecho de defensa, así como de ataques a su integridad y seguridad fisica. Todo el equipo de abogados de países de la Unión Europea ha sido expulsado de Turquía, impidiéndose así su asistencia jurídica de cara a las actuaciones ante las instancias judiciales europeas, y todos los nombres de los letrados turcos han sido divulgados desde el primer día en los medios de comunicación, tras lo que son objeto de una campaña alentada desde el propio Gobierno, tendente a lanzar contra ellos a los sectores militantes del nacionalismo turco, encuadrados en el ultraderechista MHP (Partido del Movimiento Nacional), campaña en la que participa fervorosamente la policía turca comunicando todos sus movimientos, y fruto de la cual han sido los ataques físicos sufridos por los defensores. El pasado 30 de abril, con ocasión de una primera sesión del Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara, un gran número de militantes fascistas del MHP -el movimiento Lobos Grises- atentó con piedras y palos a los abogados, con la atenta y exquisita complacencia de la policía que, dentro de las dependencias del Tribunal golpeó a dos abogados, tras lo que condujo a todos los defensores en un autobús hasta una zona llena de transeúntes ya avisados que, junto con policías no uniformados, y a modo de ciudadanos indignados, les agredieron, resultando muy gravemente heridos dos de ellos, gravemente heridos otros seis, y con heridas leves nueve más.
A ello debe añadirse el trato vejatorio y humillante que reciben los abogados en sus visitas a la Isla de Imrali, con cacheos físicos, toma sistemática de huellas dactilares, registro de todos los maletines y lectura de todos los documentos privados.
Todo ello en el curso de unos procesos en los que la pena de muerte ya ha sido pedida por los fiscales y anticipado por el Gobierno que será la pena que se impondrá por los Tribunales de Seguridad del Estado, en los que la presencia de un sedicente juez militar controla a los maniatados jueces ad hoc civiles. Abdullah Oçalan se enfrenta, así, a una ejecución sin instrucción, sin juicio justo y sin todas las garantías.
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