La Privatización de la Guerra por Pascal Beltrán del Río y Homero Campa / Mayo'99

Artículo previamente publicado en PROCESO nº 1.171 (11 de abril de 1999) y distribuido por eco

Los Balcanes: privatización de la guerra

LA HABANA.- En el conflicto de Yugoslavia, al lado de soldados regulares y grupos insurgentes, irrumpió un nuevo protagonista: empresas privadas de mercenarios. Semanas antes de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) iniciara los bombardeos contra Yugoslavia, el gobierno de Estados Unidos contrató a la empresa de mercenarios Dyncorp para verificar el retiro de las tropas serbias de Kosovo. Una unidad de 74 hombres armados de ese consorcio apoyó a las tropas estadunidenses en esa tarea, encomendada a los observadores civiles de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE).

La versión fue confirmada por Doug Evner, vocero del Departamento de Estado. "No van a sustituir a personal estadunidense, pero sí van a apoyar. Se trata de que las cosas funcionen y de que funcionen bien", dijo en noviembre al diario español El País.

Otra empresa, Military Professional Resources Incorporated (MPRI), entrena al ejército de Bosnia y Herzegovina. En octubre, uno de sus vicepresidentes, el general retirado Carl E. Vuono, firmó un nuevo contrato con el gobierno de Croacia, país en el que funciona desde 1994.

Y el gobierno yugoslavo denunció ante Naciones Unidas en agosto y septiembre que mercenarios de origen musulmán — entrenados y pagados en Albania, Macedonia, Países Bajos y Chechenia— integran comandos especiales en el Ejército de Liberación de Kosovo.

Pero Yugoslavia sólo es el más reciente capítulo de la incursión de empresas privadas en conflictos bélicos en los últimos años. Papúa Nueva Guinea, El Congo, Sierra Leona, Arabia Saudita, Kuwait y países de Centroamérica también recibieron los servicios de estas trasnacionales de la guerra.

Sus ofertas —algunas anunciadas hasta por Internet— son tentadoras: pilotos de guerra y soldados experimentados y fuertemente armados; moderno equipo bélico (que incluye tanques, helicópteros y aviones); asesoría en insurgencia y contrainsurgencia; espionaje y contrainteligencia; logística y sistemas de comunicación.

Así, en el proceso de globalización mundial, la guerra también se privatiza.

"Cada vez más gobiernos están contratando a estas empresas para que les resuelvan conflictos militares que los desestabilizan, a sabiendas del componente mercenario que incluye su oferta. Otras entidades, incluyendo organizaciones internacionales, firman contratos con éstas para obtener seguridad y apoyo logístico. Es incluso previsible que algunos gobiernos recurran también a este tipo de empresas para ejecutar, por esta vía, una acción unilateral en otro país", dice el informe 1999 de Enrique Bernales Ballesteros, relator especial de Naciones Unidas sobre La utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

Y más: "Estas empresas desarrollan sus ofertas en forma cada vez más agresiva, bajo el argumento de que pretenden una legitimación en nombre de la eficacia militar, el menor costo de las operaciones, la probada experiencia de su personal y una pretendida ventaja comparativa que haría factible o deseable su contratación para operaciones de construcción o mantenimiento de la paz como las que llevan a cabo las Naciones Unidas o la ECOWAS".

Dicho informe —presentado la semana pasada en Ginebra en el marco del 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos— advierte: "Estas empresas están asumiendo para sí atributos y funciones reservadas a la responsabilidad del Estado y asociando su actividad a una lógica lucrativa que es propia de cualquier empresa privada que produce bienes y servicios en un mercado libre, pero que tiene límites cuando se trata de asuntos tan delicados como la libre determinación de un pueblo, la seguridad nacional de un Estado o los derechos humanos".

Y se pregunta: Si un gobierno contrata estas empresas "¿quién garantiza los derechos humanos de la población?, ¿quién garantiza que en los combates se respeten las normas de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus protocolos adicionales?, ¿quién garantiza que estas empresas, que sólo persiguen el lucro, no intensifiquen o prolonguen artificialmente los conflictos y las situaciones de inseguridad con el único objetivo de prolongar su permanencia y de ganar más dinero?".

Las trasnacionales de la guerra

La imagen del "soldado de la fortuna" que, solitario, va en busca de la guerra, quedó en el pasado. Ahora son empresas trasnacionales que reclutan elementos y que los ofrecen como parte de servicios de seguridad, asesoría y asistencia militar.

Muchas de ellas no tienen empacho en ofrecer trabajo por Internet. Dyncorp —cuyos hombres vigilaron el retiro de las tropas serbias en Kosovo— pidió pilotos para trabajar en los Emiratos Arabes Unidos; personal de mantenimiento "con experiencia en F-18" para Kuwait; cocineros, científicos, informáticos, juristas, físicos "con experiencia militar"; policías "en activo" para Bosnia y "retirados" para Haití. En el caso de estos últimos ofrecen armas, uniformes y equipamiento en contratos con el Departamento de Estado estadunidense.

Según una nota del diario St. Petersburg Times, del 18 de mayo de 1996, "Dyncorp se encargó de las contrataciones de la fuerza policiaca civil de la ONU en Bosnia". Los mil 700 civiles de varios países que trabajaron en esa misión recibieron cada uno un sueldo de 32 mil 666 dólares al año, más 90 dólares diarios para gastos.

La lista de estas empresas es larga. La mayoría se asientan en Estados Unidos, Gran Bretaña, Sudáfrica, Irlanda del Norte, Barbados y Bahamas. El informe del relator especial de Naciones Unidas sobre utilización de mercenarios menciona algunas de ellas: Defense Systems Limited (DSL), Saladyn Security, Control Risks Group, Braddock Integrated Security Systems, Booz-Allen and Hamilton, Vinnell Corporation, O'Gara Protective Service, Science Applications International Corp. (SAIC), Military Professional Resources Incorporated (MPRI), Executive Outcomes, Sandline International y Dunn and McDonald Inc.

La competencia entre ellas es dura. Según US News World Report, el gobierno de Angola decidió cancelar su contrato con la sudafricana Executive Outcomes en el combate a los rebeldes de Jonas Savimbi, y contrató en su lugar a la MPRI, la que hasta 1995 entrenó al ejército croata y hoy opera en Bosnia y Herzegovina. MPRI, por su parte, perdió un contrato del gobierno estadunidense con Dyncorp para participar en una misión de observación en Kosovo, según informó en octubre pasado el diario británico The Guardian.

Igualmente, la sudafricana Executive Outcomes —con sede en Pretoria y con capacidad para movilizar en naves propias a 2 mil hombres armados— ofreció servicios en Sierra Leona. Hoy lo hace la empresa Sandline International, registrada en Bahamas y con oficinas en Londres. Ambas empresas ayudaron al derrocamiento de la junta militar integrada por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC) y por el Frente Unido Revolucionario (RUF), así como a la posterior restauración del derrocado presidente Tejan Kabbah.

Sandline International también fue contratada en 1997 por el gobierno de Papúa Nueva Guinea para eliminar a los secesionistas de Bouganville. El contrato fue por 36 millones de dólares por los primeros tres meses e incluía mercenarios, complejo equipo militar y asistencia militar.

Bozz-Allen and Hamilton entrena a las fuerzas militares sauditas y las provee de armamento, que incluye tanques de guerra y aviones de combate. Y Air Scan —con base en Florida— operó en Centroamérica y actualmente se encuentra protegiendo a firmas internacionales del petróleo en Cabinda.

No son pocos los casos en que las unidades militares de estas empresas se han visto envueltas en escándalos por violaciones a los derechos humanos y a disposiciones de Naciones Unidas.

Una nota publicada el 21 de marzo pasado por el New York Times informó sobre el encausamiento de tres generales croatas por parte del Tribunal Internacional de La Haya. La nota se refirió a la asesoría que brindó la firma MPRI en el bombardeo a civiles serbios en la población de Knin. "Aunque analistas militares y diplomáticos especulan que los croatas tuvieron ayuda externa en la planeación de su ofensiva de 1995 —que cambió la correlación de fuerza en los Balcanes—, la empresa MPRI ha insistido en que su papel en Croacia se limitó a la instrucción en el salón de clases sobre las relaciones militares-civiles", apunta el New York Times.

Un documental del Canal 4 de Londres —titulado The War Business— difundió que en mayo de 1998 los mercenarios de Executive Outcomes bombardearon con napalm un mercado de un pueblo africano, matando a 500 civiles en un solo día.

Sandline International envió helicópteros y equipo militar a Sierra Leona en febrero de 1998 y con ello violó un embargo de armas decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un año antes. Al parecer, esta acción contó con el apoyo del gobierno británico, por lo que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes efectúa una investigación al respecto.

Luego, esta empresa asesoró a la fuerza paramilitar Kamajor (leal al presidente restituido Tejan Kabbah) que intenta aniquilar a los depuestos golpistas de la junta militar. Pero sus procedimientos han sido condenados por organismos internacionales debido a torturas y crímenes contra prisioneros. Por ejemplo, durante la última semana de noviembre de 1998, 70 rebeldes fueron muertos en el combate de Gberay, 100 kilómetros al norte de la capital Freetown, y sus cuerpos fueron mutilados e incinerados.

Business are business

En la mayoría de los casos, estas empresas son contratadas por gobiernos débiles. Su oferta es tentadora: guardar la seguridad interna, aniquilar movimientos rebeldes armados, formar un nuevo ejército local y estructurar los servicios de espionaje y contrainteligencia. Varios de ellos acceden urgidos por la inestabilidad imperante en sus países y por la falta de tiempo y dinero para armar en el corto plazo un ejército y una policía propios.

Son tan débiles económicamente que no tienen dinero incluso para pagar los servicios contratados. El informe del relator de Naciones Unidas en esta materia ofrece un caso ilustrativo: El gobierno de Sierra Leona tuvo que pagar a la Executive Outcomes con la concesión de recursos de su patrimonio nacional. De tal suerte que filiales de esta empresa —Branch Energy, Heritage Oil and Gas y Diamond Works— obtuvieron concesiones de gas, petróleo y diamantes. Diamond Works fue constituida en 1996 en Vancouver y es hoy la más grande productora canadiense de diamantes, además de tener líneas aéreas, como Ibis Air, y otras empresas de transporte, logística y servicios.

Buena parte de estas "trasnacionales de la guerra" son filiales de holdings mayores que ofrecen también tecnología en computación, servicios de aviación, asesoría financiera y de administración.

Por ejemplo: Dyncorp —según reza su publicidad en Internet— "es una de las más grandes compañías tecnológicas y de servicios en Estados Unidos. Es reconocida por sus innovaciones en las áreas de ciencia, ingeniería, administración tecnológica y apoyo técnico. Es considerada la número 65 dentro de las 100 principales firmas sobre actividades de defensa en todo el mundo".

Su casa matriz está en Reston, Virginia (casualmente sede del Pentágono). Tiene 15 mil empleados desplegados en varias partes del mundo y sus ganancias anuales son del orden de mil millones de dólares.

Sólo la dirección aeroespacial de Dyncorp se ocupa del mantenimiento de 80% de las naves de la NASA y de 60% del parque de helicópteros con que cuenta el ejército estadunidense.

Otra empresa, Dunn and McDonald Inc. (BDM), es un consorcio dedicado a la ingeniería. Consiguió en los años ochenta contratos importantes con el Pentágono: los bombarderos Stealth (indetectables por el radar), la Iniciativa de la Defensa Estratégica (mejor conocida como "La Guerra de las Galaxias") y el análisis de las lecciones de estrategia de la guerra de Vietnam.

Dicha compañía —que hasta 1990 era parte de la Ford— fue comprada por la Carlyle Group, uno de cuyos socios es alguien que fungió como secretario de Defensa de Ronald Reagan, Frank C. Carlucci. Tiene, además, como asesores a James Baker, exsecretario de Estado estadunidense; John Major, expremier británico, y Karl Otto Pohl, expresidente del Bundesbank alemán. En noviembre de 1997, Carlyle Group vendió BDM a la firma TRW System Integration Group, de Cleveland, Ohio, fabricante de equipo espacial y de defensa, así como de partes automotrices. En enero de 1998, ambas empresas se fusionaron en TRW Systems and Information Technology Group, y acaban de estrenar oficinas en Reston, Virginia. TRW-BDM es el número 10 en la lista de los más importantes contratistas del Pentágono. Sus contratos con esa institución federal estadunidense ascienden a mil 346 millones de dólares.

Licencia para matar

Estas empresas utilizan otra cobertura: sus contratos son legalmente firmados por organismos internacionales o gobiernos constitucionales. Argumentan, además, que gran parte de sus tareas están al servicio de poderes legítimos o de misiones "humanitarias" de paz.

"No obstante —señala el informe—, la posibilidad de buenos resultados en el corto plazo no se debe confundir con la estabilidad y seguridad a largo y definitivo plazo. Los gobiernos contratantes pueden decidir soberanamente la permanencia indefinida de estas empresas. Pero pagarían un precio tan alto como sacrificar la independencia y entregar parte del poder y de la responsabilidad de un Estado a empresas privadas que, al carecer de identificación sustantiva con el país, sacarán todas las ventajas posibles."

Advierte: "Si los gobiernos aceptan esta sustitución, desamparan a sus pueblos y los dejan expuestos a los riesgos de una protección privada que puede discriminar entre grupos de población por razones de raza o ideología; hacer uso de armas militares ofensivas y de combate normalmente reservadas a las fuerzas que expresan la autoridad del Estado; en fin, en el contexto, cometer toda clase de abusos y violaciones de derechos humanos".

Se pregunta: "¿Quiénes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se cometan? El Estado dirá que las empresas, y éstas descargarán la culpa en los mercenarios aduciendo que actuaron a título personal".

Rebate: "Debe quedar claro que no es aceptable el argumento de que, al actuar al servicio de un gobierno constitucional, las actividades de estas empresas son legítimas. Es inadmisible la distinción entre recurrir a mercenarios para fines buenos o malos. La debilidad de un Estado, su quiebra institucional y un consecuente conflicto bélico debe resolverse acudiendo a los acuerdos multilaterales de seguridad, sancionados por Naciones Unidas".

Según el informe, uno de los obstáculos principales para enfrentar esta situación es el vacío legal que existe en la materia. Salvo Sudáfrica, ningún gobierno ha aprobado de manera reciente una legislación que sancione como delito la actividad mercenaria. Gran Bretaña e Irlanda del Norte tienen una ley que prohíbe a sus ciudadanos convertirse en mercenarios, pero el último caso de una persona enjuiciada por dichas leyes ocurrió en 1896. El Protocolo Adicional 1 de 1977 de los Convenios de Ginebra se limita a definir lo que es un mercenario desde la perspectiva del derecho humanitario. Y la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios —adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1989— no está en vigor debido a que sólo la han suscrito 16 de los 22 gobiernos que, como mínimo, se requieren para su puesta en práctica.

Para colmo, el informe llama la atención sobre el hecho de que estas empresas pretenden significar una alternativa en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Y subraya que, paralelo al crecimiento de las actividades de estas compañías, se ha desatado una campaña de desprestigio contra las operaciones de mantenimiento de la paz por parte de las fuerzas de la ONU.

"La Comisión de Derechos Humanos debe prestar prioritaria atención al hecho de que una especie de privatización de la guerra está siendo alentada a través de posiciones unilaterales que se despliegan a través de estas empresas", dice. Y advierte: "La comunidad internacional no puede aceptar, sin lesionar los principios que sustentan su existencia, que el mercado libre y globalizado también funcione para operaciones de venta de asistencia militar y operaciones de construcción y mantenimiento de la paz que corresponden a organizaciones internacionales. Lo contrario sería admitir, en la práctica, la intervención en asuntos internos de fuerzas paramilitares donde el componente mercenario está presente".